Caso E.T.A.-Venezuela.

Una comisaría en Madrid. Un joven vasco preso. Se llama Xabier Atristain. Agentes de la Guardia Civil española le hacen firmar, en la madrugada, una declaración que, filtrada a la prensa, se convierte en escándalo internacional: el joven confiesa haber venido a Venezuela para participar en un curso de explosivos dictado por Arturo Cubillas.

Los guardias civiles llaman por teléfono a un abogado, Alberto Jiménez Latorre, quien estaba de guardia en la Audiencia Nacional, para que haga de defensor público de Atristain. Es la 1 am. Los policías sólo quieren que Jiménez firme, sin preguntar, el acta con la declaración. Sorpresa: el abogado se niega, debido a las irregularidades que observa. Los agentes intentan, en tumulto, meterlo a un cuarto para “convencerlo”, y le arrebatan un celular, el cual revisan contra su voluntad, pero Jiménez se impone y los disuade de continuar el atropello. La actitud inesperada arruina la pretensión de que Cubillas, refugiado en Venezuela desde 1989 por convenio entre los presidentes Felipe González y CAP, sea pedido en extradición sobre la base de esa declaración. La solicitud, igual, es girada a Caracas, pero sin aludir a Atristain. Tiene asiento en una “prueba” distinta, también de dudosa solidez jurídica: los archivos de la supuesta computadora de Raúl Reyes, que mezclan a Cubillas con ETA y las FARC.

Pero esa es otra historia. La de Atristain la contó Jiménez en 11 folios dirigidos al Juzgado de Instrucción Nro. 2 de la Audiencia Nacional, el 8 de octubre. Se trata de un recurso de reforma contra la medida de prisión provisional dictada a su defendido.

Arbitrario proceder

Parece novela policial, extraída de los tiempos del franquismo, pero sucedió en éstos, que corren. El abogado lo cuenta así:

“El Sr. Atristain ha realizado dos declaraciones tras encontrarse totalmente incomunicado en las dependencias de la Guardia Civil de Madrid, en la C/ (comisaría) Guzmán El Bueno. Ha permanecido en las mismas casi cinco días incomunicado, suponiéndole una gran presión psicológica y emocional”.

“Las declaraciones se han realizado de madrugada. La primera en la madrugada del 1 de octubre sobre las 7:00 am y, la segunda, en la madrugada del 3 de octubre sobre las 3:00”.

“Los motivos (bastantes para su detención) se basan en una declaración prestada bajo las circunstancias expuestas. Es curioso, sorprendente y significativo que en la primera declaración del 1 de octubre no haya manifestado nada al respecto de lo declarado el 3 de octubre (sobre el curso en Venezuela con Cubillas), ni tan siquiera se lo preguntaron, cuando la declaración del 3 de octubre era, según los agentes, una ampliación de la del 1 de octubre”.

“En la segunda declaración del Sr. Atristain, practicada en la madrugada del 3 de octubre, se llamó a este letrado directamente a la 1:00 am por la Guardia Civil al teléfono móvil, con el desconocimiento del Colegio de Abogados, al cual no se dirigieron, acudiendo este letrado a pesar de que tras la primera declaración, quedó citado para el 4 de octubre de 2010 a las 10 am en el Juzgado Central de Instrucción”.

“No estaba programada una segunda declaración. Se celebra igualmente de madrugada. Se comienza sobre las 3:00 am, en unas condiciones del Sr. Atristain de falta de descanso y con la presión emocional que supone dichas horas para declarar”.

“En dicha declaración se observa que se han vulnerado los derechos fundamentales más básicos y existe una total falta de garantía, motivo por el cual esta dirección letrada en el último folio de la declaración firma ‘NO CONFORME’ y los tres folios anteriores ni se firman”.

“Comprobé que lo que a este letrado se le presenta para firmar no coincide exactamente con lo declarado en mi presencia por el Sr. Atristain”.

“Pese a que los agentes le comunican al Sr. Atristain que van a proceder a exhibirle una foto para saber si reconocía a una de las personas mencionadas en la declaración, delante de este letrado no se exhibió foto alguna. Únicamente señalé, en el último folio, mi no conformidad con la forma de practicarse la declaración”.

“Los agentes de la Guardia Civil insistieron reiteradamente en que debía firmar la conformidad, porque según manifestaron era mi obligación, diciendo que había cometido un delito al recibir con anterioridad una llamada a mi teléfono móvil de una compañera letrada, siendo previamente autorizado por ellos para atender dicha llamada y presenciada la misma en toda su breve extensión”.

“Tras negarme a firmar e indicarme que saliera al pasillo, me invitaban a entrar en un cuarto para explicarme por qué tenía que firmar la declaración y como consecuencia de mi nivel de voz al negarme a entrar, salieron cinco o seis personas más, entiendo que agentes, que empezaron a acosarme diciéndome que les había grabado y fotografiado por el móvil, y tras arrebatarme de las manos, un agente, el teléfono móvil, comprobaron en contra de mi voluntad las últimas llamadas y SMS”.

“Finalmente, conseguí que entendieran que era un humilde letrado del turno de oficio de la Audiencia Nacional, cuya guardia se turna una vez al año y que era un asunto designado al azar, y que había acudido llamado directamente al móvil por los agentes, mostrando buena voluntad y colaboración, con lo que finalizó la actitud muy cercana al acoso con la que me estaban tratando, procediendo a abandonar las dependencias de la Guardia Civil y procediendo a comunicar tal incidencia al Colegio de Abogados, donde consta mi llamada”.

Denuncia Jiménez no haber tenido acceso al expediente ni más comunicación con su defendido.

Así es la cara fea de España que El País y El Mundo no reflejan. La misma con la que suelen darnos lecciones de periodismo, debido proceso y DDHH a nosotros, los sudacas.