Una revolución está en curso. Mientras la mayoría de la población del país “ha perdido la esperanza en el progreso”, un reducido grupo de poder empresarial avanza en imponer sus ideas sobre el diseño de una política económica que beneficia a un puñado de personas. Es, como la caracteriza el profesor universitario Carlos Tello Macías, una “revolución de los ricos”.
Se trata de un proceso que acumula varios años. En México tiene hoy una expresión clara en la insistencia de las cúpulas empresariales y el grupo gobernante por profundizar una política económica, que en las tres últimas décadas redujo a un tercio el poder de compra de los salarios, aumentó la pobreza y estancó el producto interno bruto por habitante, como detalla el profesor Tello Macías en entrevista con La Jornada.
Catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, primer titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ex director del Banco de México y embajador en Cuba, Portugal y la Unión Soviética, explica:
“Con mucha frecuencia se escucha que en el país, y en otras partes del mundo, están vigentes una serie de políticas como si hubiesen caído del cielo. No. Eso tiene sólidos antecedentes. En la primera parte de la década de los años 70 se puso en práctica lo que llamo la ‘revolución de los ricos”’, con propósitos muy definidos de sus impulsores.
Injerencia en universidades
El profesor Tello Macías ubica dos objetivos fundamentales de esa “revolución de los ricos”. Primero, recuperar la participación de las ganancias empresariales en el ingreso total, que había bajado a partir de los años 30 del siglo pasado, después de la gran recesión. Segundo, influir para que las ideas pro empresariales prevalecieran en el diseño de la política económica: “Que sus ideas se tradujeran en políticas que dieran por satisfechos, o crecientemente satisfechos, sus intereses”.
Iniciado a mediados de los años 70 del siglo pasado, este proceso se acelera en el mundo a partir del comienzo de los años 80 con la llegada al gobierno de Estados Unidos del republicano Ronald Reagan; de la conservadora Margaret Thatcher, en Gran Bretaña, y del también conservador Helmuth Kohl, en Alemania.
En México, el punto de partida del proceso es 1975. Ese año se creó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como colofón de meses de disputa entre el empresariado nacional y el entonces presidente Luis Echeverría, conflicto agudizado por la muerte, a manos de un comando guerrillero, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973. En su declaración de principios, comenta Tello Macías, el CCE anticipaba claramente sus objetivos, tanto en materia salarial como en política económica o en el manejo de la educación.
“Si ya tienen claro que quieren aumentar su participación en el ingreso nacional y que sus ideas sean las que prevalezcan en la conducción de la economía, el paso siguiente es conquistar el futuro actuando hoy.” ¿Cómo? “Actúan sobre el sistema educativo, y en la educación superior. Es simple demografía. De aquí a 25 años, dicen los impulsores de este proceso, los estudiantes que están en las aulas van a ser los que dirijan el país, desde distintas esferas”.
Agrega: “Lo que hicieron fue meterse a las universidades. En México así ocurrió también. Se puede ver en la forma en que se expandió la educación superior privada y en que se condujo la educación pública. Conquistaron el futuro de las universidades a partir de dar prestigio a sus ideas sobre la economía. Entre 1974 y 2000, en esos 25 años, 19 premios Nobel de Economía fueron otorgados a economistas que pensaban como ellos, que defendían esas ideas. Los programas de estudio de economía fueron restructurados para dar preponderancia creciente a las ideas contrarias al Estado, y se fueron abandonando las ideas que los economistas llamamos keynesianas, o sea, donde el Estado debe participar”.
Se centra en lo ocurrido en México. A mediados de los años 80, en el gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid, comienzan a aplicarse políticas de corte neoliberal, o neoclásico, “como las llamábamos antes”. Primero se “redimensionó” el Estado. Se redujo su papel en la economía, disminuyó el gasto público y comenzaron a ser vendidas empresas públicas “bajo la idea de que el Estado no sabe hacer las cosas”. Apunta: “Una de las primeras en ser vendidas fue Mexicana; luego los particulares la echaron a perder, el Estado la recuperó y se las volvió a vender y la acaban de echar a perder otra vez”.
“Pienso que era necesario hacer una revisión de la forma en que el Estado venía participando en la economía mexicana, pero una cosa es una revisión para fortalecer unas cosas y eliminar otras, y otra cosa es pácatelas, vámonos.”
En este proceso de “redimensionamiento” del Estado el salario mínimo redujo dos terceras partes de su poder real de compra entre 1980 y 2000, y el salario contractual perdió casi la mitad de su capacidad adquisitiva en el mismo periodo.
El profesor de la Facultad de Economía de la UNAM Carlos Tello, durante la entrevista con La Jornada en ese recintoFoto Cristina Rodríguez
La segunda reforma tuvo que ver con las relaciones económicas de México con el exterior. De una economía relativamente muy protegida se pasó a la más abierta del mundo, sujeta a la competencia del exterior. Como resultado se rompieron las cadenas productivas, desaparecieron industrias completas y el país se volvió importador de alimentos. La tercera medida fue en el sistema financiero. Dejó de regularse el mercado financiero.
Flexibilización inaceptable
No es un recuento del pasado. Es enlazar un proceso que ahora pretende ser profundizado por los mismos que en México han hecho su parte en la “revolución de los ricos”. Como las tres reformas originales no han dado los resultados que de ellas se esperaban, en términos de crecimiento y de justicia social, ahora dicen que es necesario profundizar con nuevas reformas estructurales.
También son tres: flexibilización de las leyes laborales, “inaceptable” en varios de los puntos defendidos por el gobierno, como la eliminación de los contratos laborales, dice; otra de corte energético para, apunta, transferir la mayor parte posible de la actividad petrolera al sector privado, y una hacendaria, que implica reducir más el gasto público y cobrar impuestos únicos y universales y no necesariamente en función del ingreso, como ahora.
“Sus reformas no han dado resultado. El crecimiento del PIB por habitante en los últimos 30 años fue de 0.5 por ciento en promedio anual, totalmente raquítico. De 1932 a 1982 ese crecimiento fue de 3.5 por ciento al año.”
Pero en cambio esa “revolución de los ricos ha sido exitosa” para sus promotores, tanto en el terreno de la política económica, donde prevalecen las ideas contrarias a la participación del Estado, como en lo relativo a la distribución de la renta. En 1976, un año después de la creación del CCE, los salarios participaban con 44 por ciento del ingreso nacional y el otro 56 por ciento eran las utilidades de las empresas. En 2000 los salarios redujeron su participación a 33 por ciento y las ganancias la aumentaron a 67 por ciento del total, según datos ofrecidos por el académico.
Con la vista puesta en el presente afirma: “no es cierto que no haya opción, que debemos seguir este camino porque no hay otro”. Es falsa esa aseveración. “Veamos el mundo. El mercado global funciona porque hay diferencias entre países, diferencias en política económica. Si todo fuese igual no tendría sentido que se moviera el dinero de un lugar a otro”.
–¿Por qué estas ideas se impusieron de manera tan contundente?
–Hubo una idea que fue ganando fuerza: que lo que hace el Estado está mal hecho o es corrupto. Se fue generalizando esta idea. Sin duda había ineficiencia y corrupción en algunas actividades del Estado, pero también había eficiencia, manejo claro y transparente de las cosas. Tampoco se insistió de manera suficiente en que había otras opciones. El movimiento obrero organizado aceptó sin más la caída en los salarios, como si fuese algo inevitable.
–Hoy prácticamente no existe el movimiento obrero.
–A ese grado. No hubo oposición. Quienes promovían estas ideas tenían los medios y la fuerza para ello. También esto lo explica. Estamos hablando de gente poderosa, que pudo, en un abrir y cerrar de ojos, hacer universidades privadas en todas partes. Eso cuesta, y no solamente en dinero, sino en capacitar profesores. Contaron con los medios de comunicación social: la televisión, radio y la prensa escrita. Hay que ver los periódicos.
–Pareciera que México es refractario a la discusión que hoy existe en el mundo sobre el papel del Estado.
–Es interesante. Aquí se persiste, se continúa en la misma dirección. No hay una discusión pública de lo que pudiéramos llamar el proyecto de nación que queremos. No hay discusión de si estamos por el camino correcto o no; se asume casi por completo que vamos en sentido correcto. Se habla mucho de políticas públicas, pero algo que no es política pública es la política económica y la social. Es muy grave.
–¿Cómo ve el futuro inmediato?
–Lo que caracteriza hoy a un porcentaje muy amplio de la población, sobre todo a la joven, es la falta de esperanza de progreso. Se ha perdido. Claro que no la hay porque la economía no se mueve, no hay actividad económica y el crecimiento de la informalidad es enorme. No hay que olvidar que el informal vive en una situación que no sabe lo que le va a pasar mañana. Piensen en lo que eso entraña. ¿Cómo puede haber esperanza de progreso con esa situación? Y si luego añade la violencia que se ha desatado, entonces es preocupante.
“La única manera de recuperar esa esperanza de progreso es si uno ve posibilidades de mejora en sus condiciones generales de existencia, con empleos seguros, ciertos, estables, con mayores ingresos. Pienso que si no cambia la política esto va a seguir y puede incluso empeorar”.
